VUELVEN A LEGISLAR SOBRE LO LEGISLADO Y A GENERAR MÁS BUROCRACIA

Gruesos errores de fondo y algunos de forma obligaron al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) a vetar en su totalidad la Ordenanza Nº 5021/18, sancionada el pasado 6 de junio, referida al derecho de acceso a la información pública.

El decreto 115/18, firmado esta semana por el intendente José Freyre, advierte en primer término que la citada ordenanza “es una copia textual” de otra anterior sancionada en junio de 2016 (Nº 4773), también vetada, y añade que “dicho texto es una copia también textual del proyecto de ley” que por entonces tenía media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación y que se encontraba en tratamiento en el Senado.

“Así, a igualdad de texto normativo corresponden los mismos argumentos que fundaron el veto en aquella oportunidad”, sintetizó el secretario de Gobierno, Jorge Lagna, quien añadió que “en el periodo transcurrido entre ambas disposiciones, esto es casi dos años, el entonces proyecto se convirtió hoy en la ley nacional 27.275, sancionada en septiembre de 2016”.

El funcionario remarcó que “se ha copiado indiscriminadamente y sin atención”, ejemplificando con la incorporación de obligaciones inexistentes. “En el texto copiado, simplemente se reemplazó la ley nacional 26.856, que dispone la obligatoriedad de publicar sentencias y resoluciones emanadas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por la ley provincial 13.230, que es la de ética pública. Y esta ley de la provincia no obliga a publicar sentencias o resoluciones sencillamente porque no las emite. O sea, no sólo se copia sino que se copia mal”, subrayó.

No es todo, porque la ordenanza local responde -en su copia- a una estructura sancionada para una “organización jurídico-política de 44 millones de personas”, inequiparable desde ya a los requerimientos de una ciudad de 100 mil habitantes.


Estructura “onerosa”

Párrafo especial merecen las consideraciones de la ordenanza relativas a la creación de dos Agencias de Acceso a la Información Pública, en los ámbitos del DEM y del Legislativo. En el primer caso, crea una estructura “ampulosa, grandilocuente, onerosa y muy burocrática”, en cuanto a directores, presupuesto, planta de agentes y proceso de selección; en el segundo caso, equipara un cuerpo colegiado nacional (el Congreso, con 257 diputados y 72 senadores) a una estructura local integrada por no más de diez legisladores.


Normativa existente

Por otro lado, Lagna aclaró que no hay vacío normativo al respecto: “Tenemos una norma específica que regula este derecho del que gozan todos los ciudadanos, la Ordenanza Nº 2762 que fue sancionada en 2000, antes incluso que fuera declarado el Día Internacional de Acceso a la Información Pública, luego reformada en 2008 mediante la Ordenanza Nº 3606”.

“Esta norma está vigente y tiene plena efectividad. De hecho, ha sido utilizada por varios ciudadanos que se acercaron al Palacio Municipal, a quienes se les han entregado copias de los documentos solicitados y quienes no han planteado reclamos posteriores”, confió el secretario de Gobierno.

Por último, manifestó que “si la autora del proyecto quiere diseñar una herramienta que se entienda superadora a la existente, debería enriquecer su información en la materia. Este Departamento Ejecutivo está dispuesto al diálogo y al consenso, como lo expresa el intendente José Freyre en el mensaje. Siempre el diálogo genera mejores propuestas que la fuerza de los votos”.